La salud sexual y reproductiva es fundamental para las personas, las parejas y las familias, pero también para el desarrollo social y económico de las comunidades y las naciones. Tal como establece la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el objetivo de la Organización es «alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud», y para cumplir ese objetivo, una de las funciones de la OMS es la de prestar asistencia técnica a los países en la esfera de la salud. El acceso universal a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva es fundamental para la salud individual y comunitaria, así como para la salvaguarda de los derechos humanos. A raíz de la pandemia de COVID-19 y basándose en las lecciones aprendidas de anteriores brotes de enfermedades, en que los servicios de salud sexual y reproductiva se han visto gravemente trastornados, y que han llevado a la población a sentirse desprotegida y a exponerse a riesgos para la salud que podrían prevenirse, la OMS ha incluido la atención integral para el aborto en la lista de servicios de salud esenciales en algunas publicaciones técnicas recientes.
El «consentimiento informado» es el resultado evolutivo del cambio cultural de la relación entre el prestador de servicios médicos y sus pacientes y/o usuarios. Es conocido que la moderna doctrina del «consentimiento informado» nace en la problemática de los tribunales norteamericanos a principios del siglo pasado, en cuyas resoluciones se destacan, junto al fundamento jurídico, el carácter de postulado y dimensión ética. En éstas, se declara terminantemente que todo ser humano de edad adulta y mente sana, tiene el pleno derecho de decidir qué se puede hacer con su cuerpo y que quien realice una prueba o intervención sin el consentimiento de la persona afectada, comete un delito.
El Consentimiento Informado es el proceso cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del o la paciente.
En 1974, se enmendó la Constitución para reconocer el derecho de los mexicanos a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. En ese mismo año, la Ley General de Población de México estableció que el gobierno debe ofrecer servicios de planificación familiar sin costo en las instituciones de salud pública.
Desde ese entonces, y hasta principio de los años noventa, el gobierno expandió considerablemente el acceso a los servicios de planificación familiar del sector público, sobre todo en áreas rurales y en las partes menos desarrolladas del país. Aunque el uso de anticonceptivos se ha más que duplicado desde 1976, la tasa de crecimiento anual disminuyó su ritmo desde 1992 y en años recientes se ha estancado.
La reproducción y su condición necesaria, el ejercicio de la sexualidad, deberían ser siempre actos deseados y planeados. Lamentablemente, no es así. Prueba de ello son los embarazos no deseados, definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno, o que se dan en una persona que ya no quiere reproducirse. ¿Por qué, en una época en la que, al menos en teoría, existen los medios para regular la fecundidad, las mujeres aún siguen teniendo este problema?
Porque las mujeres y las parejas de América Latina y el Caribe (ALC) desean menos hijos que los que naturalmente resultan del ejercicio de una vida sexual activa. Las encuestas de demografía y salud que se han llevado a cabo en la mayoría de los países de la Región en las últimas décadas muestran que, en promedio, el tamaño de la familia se ha reducido de manera importante en los últimos 30 años: de 6 hijos en 1960–1965 a 3,3 en el primer quinquenio de los años noventa . Sin embargo, el número de hijos que las mujeres desearían tener es todavía menor.
Resulta muy difícil estudiar el aborto inducido por ser una práctica clandestina y estigmatizada. En todos los estados de la República Mexicana, el aborto inducido está fuertemente restringido. (La excepción es la entidad federativa del Distrito Federal.) Este informe presenta estimaciones del aborto inducido por entidad federativa y grupos de edad de las mujeres para el año 2009. También examina el embarazo no planeado—motivo principal por el cual las mujeres recurren a un aborto.
Detrás de casi cada aborto inducido hay un embarazo no planeado. Para 2009, se estima que más de la mitad—55%—del total de embarazos en México fueron no planeados
A partir de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de la gestación, en abril del 2007 en la ciudad de México, se implementó el programa de ILE en los servicios de gineco-obstetricia y unidades Materno-Infantil de 14 hospitales de la Secretaria de Salud del Distrito Federal. En 2008 estos servicios se vieron rebasados por la demanda de usuarias que se atendían en área quirúrgicas, las autoridades sanitarias tomaron la decisión de revisar los protocolos usados en otros países y recomendados por organismos internacionales, para implementar un programa de atención ambulatoria en área gris… “sacar los servicios del quirófano” sin que esta decisión modificara los estándares de seguridad en los procedimientos y la calidad en la prestación de los servicios. Organismos internacionales han documentado la posibilidad de realizar estos procedimientos de manera segura en espacios clínicos no estériles.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) es el órgano rector a nivel nacional que propone las políticas nacionales en materia de salud sexual y reproductiva. Tiene como atribución el establecimiento de las especificaciones técnicas de equipos e insumos, propuestas de capacitación y actualización del personal de salud en esta materia. Además, coordina, supervisa y evalúa la calidad de la prestación de los servicios de salud y define criterios para la evaluación operativa en las entidades federativas con el propósito de promover el respeto a los derechos sexuales y reproductivos y lograr la equidad de género en materia de salud.
Sexual and reproductive health is fundamental to individuals, couples and families, and to the social and economic development of communities and nations. As provided in the Constitution of the World Health Organization (WHO), the organization’s objective is “the attainment by all peoples of the highest possible level of health”, and to fulfil that objective, WHO’s functions include providing technical assistance to countries in the field of health. Universal access to sexual and reproductive health (SRH) information and services is central to both individual and community health, as well as the realization of human rights. In the wake of the COVID-19 pandemic and based on lessons learnt from previous disease outbreaks – when SRH services have been severely disrupted, causing individuals to feel disempowered and be exposed to preventable health risks – WHO has included comprehensive abortion care in the list of essential health services in certain recent technical publications.